Este jueves, el presidente Luis Arce y el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, dieron inicio formal a las negociaciones salariales para la gestión 2025 en la Casa Grande del Pueblo. Con una propuesta ambiciosa de la COB —15% de incremento al salario mínimo nacional y 20% al haber básico—, ambos aliados del Movimiento al Socialismo (MAS) pusieron en marcha un proceso que, aunque comienza con cifras elevadas, deja entrever un margen de negociación calculado, mientras el sector privado observa desde fuera, una vez más excluido del diálogo.
La relación entre Arce y Huarachi no es nueva. El líder sindical ha sido un pilar del MAS desde los tiempos de Evo Morales, y su respaldo al actual presidente durante la crisis de 2019-2020 y las elecciones posteriores consolidó una alianza que hoy define las prioridades del gobierno. En un contexto de inflación acumulada de 9,97% en 2024 —la más alta en 16 años, según el INE—, la COB plantea un aumento que supera con creces ese índice, argumentando la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores frente a un costo de vida que, dicen, no refleja las estadísticas oficiales. Sin embargo, el historial de negociaciones sugiere que estas cifras son un punto de partida estratégico más que una meta inflexible.
En 2024, por ejemplo, la COB pidió un 8% al salario mínimo y 7% al haber básico, pero tras mesas de diálogo con el gobierno acordaron 5,85% y 3%, respectivamente. Ahora, con cuatro comisiones de trabajo recién formadas (económica, productiva, social y normativa), el mensaje de Arce sobre «preservar la estabilidad económica» y la disposición de Huarachi a dialogar apuntan a un resultado intermedio, posiblemente entre el 9% y el 12%. Este rango mantendría el poder adquisitivo alineado con la inflación reciente, al tiempo que refuerza la imagen de ambos: Huarachi como defensor de los trabajadores y Arce como un gobernante prudente.
Pero esta danza negociadora entre aliados tiene un ausente notable: el sector privado. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y otros gremios, que enfrentan la escasez de dólares, el encarecimiento de insumos y una economía debilitada, no han sido convocados a la mesa. Históricamente relegados en estas decisiones, los empresarios advierten que un incremento desproporcionado podría traducirse en despidos, informalidad o alzas de precios que disparen aún más la inflación. En un país donde las pymes generan cerca del 70% del empleo formal, esta exclusión podría agravar una crisis que el gobierno atribuye a factores externos, pero que también tiene raíces internas.
La alianza Arce-Huarachi, entonces, parece priorizar la estabilidad política sobre un consenso económico más amplio. La COB, con su discurso de «sabotaje económico» contra detractores, y el gobierno, con su necesidad de mantener el apoyo sindical en un MAS fracturado, tienen incentivos claros para cerrar filas. El decreto salarial, que tradicionalmente se promulga el 1 de mayo, será el desenlace de esta negociación, pero su impacto dependerá de cuánto cedan ambos aliados y de cómo responda un sector privado que, por ahora, solo puede esperar desde la tribuna.
Redaccion central
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