Ante el alza de precios en los mercados, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, pidió este viernes el “auxilio” de las intendencias municipales para controlar la especulación, señalando que su institución carece de personal suficiente para abarcar el país. “Brillan por su ausencia”, afirmó, criticando la inacción de las autoridades locales mientras los comerciantes, según la autoridad, “meten la mano al bolsillo” del consumidor. Sin embargo, sus declaraciones abren un debate: ¿es el control la respuesta adecuada en una crisis provocada por las lluvias, o podría perjudicar más que beneficiar?
El colapso de la carretera entre Cochabamba y La Paz, que ha alargado los viajes hasta 60 horas, es el verdadero culpable de la escasez, según lo admitió el propio Silva. Las lluvias han restringido la oferta, y con ello, los precios se han disparado. Pero no todos los actores del mercado son iguales. Mientras algunos mayoristas podrían estar especulando, las caseritas —pequeñas comerciantes que dependen de márgenes ajustados— enfrentan costos crecientes sin el respaldo de subsidios estatales. Imponer controles generalizados, como parece sugerir el Viceministro, podría asfixiarlas, obligándolas a vender a pérdida o a retirarse del mercado.
Expertos coinciden en que un control efectivo requiere una revisión quirúrgica: distinguir entre abusos flagrantes y ajustes legítimos por la coyuntura. Sin embargo, la falta de recursos que Silva lamenta pone en duda la capacidad del gobierno para ejecutar una medida tan precisa. “Pedimos apoyo a las intendencias por la población”, insistió, pero su llamado suena más a una delegación de responsabilidad que a una estrategia clara. Mientras tanto, la Administradora de Carreteras trabaja en rehabilitar la vía, y se menciona un posible puente aéreo, soluciones que podrían atacar la raíz del problema en lugar de sus síntomas.
Dejar que el mercado se regule por oferta y demanda es una alternativa, aunque no exenta de riesgos. Las caseritas, presionadas por la necesidad de “ganarse sus pesos”, podrían mantener precios razonables para no perder clientes, pero la escasez seguiría golpeando a los más vulnerables. Un enfoque intermedio —controles focalizados en grandes especuladores y apoyo logístico temporal— parece ideal, pero exige una coordinación que el gobierno, por ahora, no demuestra.
Las declaraciones de Silva reflejan una intención de proteger al consumidor, pero también una improvisación que podría castigar a quienes menos lo merecen. En esta coyuntura, donde las lluvias son el origen del caos, la pregunta persiste: ¿es mejor intervenir con bisturí o dejar que el mercado, imperfecto como es, encuentre su propio equilibrio?
Redacción central
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