Jean Pierre Antelo, presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), expresó su optimismo tras la admisión de un recurso de inconstitucionalidad abstracta contra la Disposición Séptima del Proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional. “Con este paso se da un esperanzador primer paso hacia la protección y seguridad jurídica de nuestros productores en defensa del trabajo y el futuro del país”, afirmó Antelo.
La polémica disposición, que permite el control, fiscalización y decomiso de productos alimenticios a quienes almacenen o intenten encarecer precios, ha sido duramente criticada por empresarios y productores, quienes la consideran una medida confiscatoria que amenaza la estabilidad económica. CAINCO, junto a cámaras agropecuarias y exportadoras, había rechazado participar en su reglamentación y exigido su eliminación, argumentando que afecta negativamente al sector privado en un contexto de crisis económica marcado por la escasez de dólares y problemas de combustible.
La admisión del recurso representa un avance en la revisión de la constitucionalidad de esta norma, aunque aún se espera el fallo definitivo del Tribunal. Antelo, reelecto líder de CAINCO para la gestión 2024-2025, ha destacado la importancia de este proceso para garantizar un marco legal que fomente el empleo y el desarrollo económico. El sector empresarial boliviano sigue atento a la resolución, que podría sentar un precedente clave para la protección de los productores y la iniciativa privada en el país.
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