La tragedia de Bajo Llojeta, ocurrida el 23 de noviembre de 2024, cobró la vida de una niña de cinco años y causó severos daños materiales en una zona densamente poblada del municipio paceño. A raíz de este hecho, el Ministerio Público abrió una investigación de oficio para establecer las posibles responsabilidades en la gestión y prevención del desastre.
Amparo Morales, directora de Asuntos Jurídicos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), confirmó que se ha emitido una imputación formal contra el alcalde Arias por presunto incumplimiento de deberes y lesiones. Además, indicó que la Fiscalía ha solicitado la detención preventiva de la autoridad edil. Si bien aún no se ha recibido una notificación oficial, Morales señaló que se tuvo conocimiento del proceso a través del sistema judicial.
“Analizaremos la imputación y seguramente el juez titular notificará formalmente al alcalde en las próximas horas”, manifestó Morales.
En su defensa, el alcalde Arias declaró que la Alcaldía fue “la única institución que trabajó para mitigar los efectos del desastre” y deslindó responsabilidades hacia el empresario Luis Iturralde, dueño de la empresa Kantutani, a quien acusa de haber ejecutado obras en la zona que habrían desencadenado el deslizamiento.
Este caso pone nuevamente en el centro del debate la gestión de riesgos en las zonas vulnerables de La Paz, así como la coordinación entre entidades públicas y privadas para prevenir desastres naturales que terminan afectando a las poblaciones más frágiles.
Redacción central
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