El 17 de abril, la agencia Moody’s degradó la calificación soberana de Bolivia de Caa3 a Ca, un nivel apenas por encima del default. Este nuevo estatus refleja una visión sombría sobre la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones financieras, producto de un cuadro macroeconómico deteriorado y señales políticas que debilitan la confianza externa.
Moody’s identificó cinco factores clave para la rebaja: unas reservas internacionales que no logran repuntar, el desplome de los ingresos por hidrocarburos, el estancamiento político que frena la llegada de préstamos vitales, la caída del respaldo en oro y déficits fiscales persistentes. La agencia señaló que, aunque la perspectiva se mantiene estable, ello solo responde al balance entre los riesgos y los tímidos avances del gobierno, como el acceso a financiamiento multilateral o iniciativas para impulsar exportaciones.
En respuesta, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas rechazó la evaluación, calificándola de “política” y desconectada de la realidad macroeconómica del país. Argumentan que Bolivia conserva crecimiento económico, inflación controlada y estabilidad en su modelo de desarrollo basado en la inversión pública. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, aseguró que el país “no está al borde del abismo”, mientras se exploran alianzas con los BRICS para diversificar fuentes de financiamiento.
Sin embargo, analistas como Gonzalo Chávez advierten que la falta de autocrítica y de un plan de acción claro podría agravar aún más la percepción internacional sobre Bolivia. “La calificación Ca no es solo una estadística. Es una señal de que los mercados ven al país como una bomba de tiempo económica”, sostuvo el economista.
El impacto potencial es profundo: un acceso restringido a divisas que paralizaría importaciones esenciales, aumento del costo crediticio para el Estado, riesgo de default y un posible efecto en cadena sobre el empleo, la inflación y la gobernabilidad. Las reservas internacionales, que cerraron 2024 en USD 1.709 millones, son insuficientes para sostener la economía ante choques externos o demandas sociales.
En redes sociales y espacios ciudadanos se percibe un creciente malestar: el temor al desabastecimiento y a una devaluación abrupta ya no es solo una preocupación de expertos. La presión social y económica podría escalar si no se revierte la trayectoria actual con medidas estructurales.
Para evitar una crisis mayor, se hace indispensable reforzar las reservas con inversión externa, reactivar el motor energético del país, reducir el déficit fiscal y descomprimir el ambiente político. El reloj avanza y el margen de error se acorta: Bolivia enfrenta una de las pruebas económicas más duras de su historia reciente.
Redacción central con Moody’s Ratings, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Banco Central de Bolivia, entrevistas con expertos, publicaciones en redes
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