Jaime Dunn, economista exfuncionario edil en El Alto, se perfilaba como el rostro presidencial del frente Nueva Generación Patriótica para las elecciones de 2025. Sin embargo, una serie de observaciones fiscales administrativas, emitidas por la Contraloría General del Estado (CGE) y vinculadas a su gestión como Oficial Mayor Administrativo en 2006, frustraron su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Según NGP, Dunn nunca fue notificado oficialmente sobre dichas observaciones, lo que impidió su derecho a defensa y lo dejó en un limbo legal.
Las observaciones —de carácter no penal— están relacionadas con informes de consultorías y gastos menores atribuidos a terceros. A pesar de los intentos del partido por subsanar los cuestionamientos, el plazo de inscripción electoral venció sin que Dunn pudiera obtener el certificado de solvencia fiscal, requisito indispensable para habilitarse como candidato.
Ante este escenario, NGP inscribió a Fidel Tapia Zambrana como candidato presidencial en reemplazo de Dunn, mientras califica el accionar de la CGE como “una barbaridad jurídica”. “Han pasado 18 años sin una sola notificación. Esto es una violación clara al debido proceso consagrado en la Constitución”, señaló un representante del partido.
El caso ha reactivado el debate sobre la Ley N° 1178 (SAFCO), que no establece plazos de prescripción para observaciones administrativas, lo que permite que permanezcan vigentes indefinidamente si no son resueltas. Además, la falta de notificación directa contradice el Artículo 115 de la Constitución Política del Estado, que garantiza el derecho a la defensa.
En redes sociales, ciudadanos y analistas cuestionaron la eficiencia y modernidad de la CGE, calificándola de “obsoleta” y “desconectada de la realidad”, y exigieron reformas que incluyan sistemas automatizados de notificación y un régimen de prescripción razonable.
Dunn evalúa ahora la presentación de recursos legales para impugnar la negativa del certificado y exigir que se respete su derecho a ser informado. Desde NGP, el episodio se interpreta no solo como un atropello legal, sino como una señal de que el sistema fiscal requiere urgentemente actualización, transparencia y garantías mínimas para quienes deseen participar en la vida pública.
Redacción central
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