La Paz, 24 de junio de 2025 – Jaime Dunn, candidato presidencial por Nueva Generación Patriótica (NGP), continúa sin poder registrar su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para las elecciones generales del 17 de agosto. El impedimento no es político ni penal, sino burocrático: la obtención del certificado de solvencia fiscal de la Contraloría General del Estado (CGE), un documento indispensable para oficializar su postulación.
Según Dunn, las observaciones que impiden la emisión del certificado provienen de su gestión como Oficial Mayor Administrativo en la Alcaldía de El Alto en 2006. Si bien no se trata de faltas penales, el proceso para resolverlas ha sido largo, confuso y sin notificaciones formales. «Soy víctima de un sistema que no funciona, donde el ciudadano queda atrapado en un laberinto sin salida», denunció en una entrevista reciente con El Deber.
Pero el problema no termina en la CGE. Dunn también ha señalado demoras injustificadas por parte de la misma Alcaldía de El Alto, que no ha entregado los informes necesarios para aclarar su situación fiscal. Esta falta de coordinación entre entidades estatales refleja una administración anclada en la burocracia analógica: trámites en papel, sellos físicos, y ausencia casi total de sistemas digitalizados. La falta de trazabilidad y la opacidad en los procedimientos complican aún más cualquier intento de resolver controversias administrativas.
El caso de Dunn se ha convertido en un emblema de las barreras que enfrentan no solo los candidatos, sino cualquier ciudadano boliviano que intenta resolver un trámite complejo. En este contexto, NGP ha aprovechado para exigir una reforma integral del sistema administrativo, denunciando que la burocracia no solo vulnera derechos políticos, sino también la confianza en las instituciones públicas.
El tiempo, sin embargo, no está a favor de Dunn. El 3 de julio vence el plazo final para sustituciones de candidatos, y, hasta ahora, Fidel Tapia Zambrana figura como el postulante oficial de NGP, ya que Dunn no presentó el certificado requerido antes del 9 de junio. Aunque el partido evalúa presentar recursos legales, al 24 de junio no se han reportado avances concretos.
Más allá del destino de su candidatura, el caso de Jaime Dunn desnuda un aparato estatal que no acompaña, sino que obstaculiza. Mientras la ciudadanía observa expectante, su lucha contra el «monstruo burocrático» plantea una interrogante más amplia: ¿es posible ejercer plenamente los derechos ciudadanos en un sistema que sigue operando como si el tiempo se hubiera detenido?
Redacción central
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