Este 23 de junio de 2025, un grupo de abogados encabezado por Miguel Balcázar presentó una solicitud formal ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) exigiendo la inhabilitación de varios candidatos con cargos públicos vigentes que no habrían renunciado dentro del plazo establecido por la Constitución Política del Estado (CPE). Entre los señalados figuran Eva Copa (alcaldesa de El Alto), Jhonny Fernández (alcalde de Santa Cruz), Manfred Reyes Villa (alcalde de Cochabamba), Ricardo Paz y Andrónico Rodríguez (presidente del Senado y candidato presidencial del MAS).
La denuncia se basa en el artículo 238, parágrafo 3 de la CPE, que establece que autoridades electas o designadas deben renunciar a sus cargos al menos tres meses antes del día de la elección, fijado en este caso para el 17 de agosto de 2025. El plazo límite, por tanto, fue el 27 de mayo de 2025. Solo el Presidente y el Vicepresidente están exentos de esta obligación.
La Ley del Régimen Electoral (Ley N.º 026) refuerza este criterio, otorgando al TSE la facultad de inhabilitar candidaturas que no cumplan los requisitos y permitiendo sustituciones hasta el 14 de agosto, es decir, apenas tres días antes de los comicios.
Sin embargo, este principio constitucional fue reinterpretado por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia 0032/2019, emitida el 9 de julio de ese año. En ella, los magistrados fallaron que la exigencia de renuncia debía excluir a todas las autoridades electas, no solo al Presidente y Vicepresidente, con base en una interpretación extensiva del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), sobre el derecho a la participación política.
Hoy, ese precedente vuelve a escena. Aunque el TSE ha aplicado hasta ahora la doctrina del TCP, la solicitud presentada busca revivir el sentido original del artículo 238, tensionando el marco jurídico con un posible retorno a su aplicación literal.
El desafío que enfrenta el TSE no es menor: con 1,180 candidaturas habilitadas y 2,104 inhabilitadas hasta el 6 de junio, la institución se juega su credibilidad y su rol como árbitro del proceso.
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