El Banco Ganadero S.A. emitió un comunicado oficial el 1 de julio de 2025, en el que busca despejar dudas sobre su gestión tras las recientes revelaciones sobre la concesión de créditos por 9,1 millones de dólares a Rafael Ernesto Arce Mosqueira y Camila Arce Mosqueira, hijos del presidente Luis Arce Catacora. Estos préstamos, otorgados en 2021, cuando los beneficiarios tenían 25 y 20 años respectivamente, desataron un debate sobre la transparencia y solidez del sistema financiero boliviano.
En su pronunciamiento, el banco sostiene que actúa conforme a la Ley de Servicios Financieros, la Recopilación de Normas para Servicios Financieros y la normativa nacional vigente. Asimismo, remarcó que está regulado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y que mantiene una posición neutral, alejada de cualquier debate político.
Pese a la contundencia del comunicado, la entidad evitó detallar aspectos clave del caso, como el proceso de evaluación crediticia, el análisis de riesgo y las garantías presentadas por los solicitantes. Este silencio alimentó aún más las críticas de figuras públicas como el analista Alfonso Gumucio, quien acusó al banco de «encubrir corrupción» y sostuvo que la facilidad del crédito revela graves fallas éticas e institucionales. Gumucio fue más allá, sugiriendo que los accionistas del banco podrían ser cómplices o carecer de control sobre las decisiones clave.
Por su parte, el experto financiero Javier Galindo cuestionó la ausencia de garantías sólidas, advirtiendo que un crédito de semejante magnitud no debería respaldarse únicamente con una firma quirografaria (garantía basada solo en la promesa de pago, sin respaldo tangible).
Hasta ahora, las autoridades regulatorias no han emitido informes oficiales que esclarezcan si la operación cumple con los estándares legales y financieros. En opinión de especialistas, una auditoría exhaustiva de la ASFI o una investigación del Ministerio Público sería crucial para determinar si hubo trato preferencial o incumplimiento de normas prudenciales.
El caso ha polarizado aún más el escenario político y financiero del país, con sectores que exigen transparencia y otros que advierten sobre un posible uso político del tema. Mientras tanto, el Banco Ganadero se aferra a su discurso institucional de cumplimiento normativo y gestión profesional.
Se espera que, en las próximas semanas, las autoridades financieras y judiciales definan si se abre una investigación formal. De lo contrario, el caso podría seguir alimentando especulaciones y erosionando la confianza pública en el sistema bancario nacional.
Redaccion central y agencias
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