Cochabamba, 26 de julio de 2025 — La política boliviana vuelve a conflictuarse tras la detención preventiva de Ruth Nina, exdirigente del desaparecido Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), quien pasará tres meses recluida en la cárcel de San Sebastián Mujeres de Cochabamba. El fallo fue emitido este sábado por el Juzgado Público Mixto de Shinahota, en respuesta a un proceso penal abierto por la Fiscalía a raíz de sus declaraciones del 12 de julio en Lauca Ñ, donde advirtió que si Evo Morales no era habilitado como candidato para las elecciones del 17 de agosto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Gobierno “en vez de contar votos, van a contar muertos”.
La Fiscalía formalizó cargos por instigación pública a delinquir, amenazas y obstaculización de procesos electorales. La audiencia cautelar, realizada de forma telemática, desató controversia desde el inicio. Nina, quien fue aprehendida en Cochabamba y trasladada a dependencias de la FELCC, denunció que su detención responde a motivos políticos y representa un ataque directo a la libertad de expresión. Su defensa calificó el proceso como arbitrario, denunciando más de 70 actuaciones judiciales en apenas 48 horas y cuestionando el traslado del caso a Shinahota, sugiriendo que podría tratarse de una maniobra para forzar la medida.
Su cercanía con Evo Morales, tras la pérdida de la personería jurídica de Pan-Bol en mayo, la ha vinculado directamente a las movilizaciones que exigen la habilitación del expresidente como candidato. Desde el Trópico de Cochabamba, Morales calificó la detención como una “injusticia política” y acusó al Gobierno de usar la justicia como instrumento de persecución. “¿Desde cuándo opinar es delito?”, escribió en sus redes sociales, exigiendo la liberación inmediata de Nina.
El Gobierno y el TSE, por su parte, defendieron la medida judicial como una acción necesaria para resguardar la institucionalidad democrática. Sostienen que las declaraciones de Nina no pueden ser interpretadas como un simple ejercicio de opinión, sino como una amenaza directa al proceso electoral. “La democracia se defiende enfrentando el riesgo de la violencia con el peso de la ley”, indicó un portavoz del Ministerio de Gobierno.
Redaccion central y agencias
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