Las encuestas electorales están en el ojo del huracán. En Bolivia, dos de las fuerzas políticas con candidatos presidenciales —la Alianza Popular de Andrónico Rodríguez y la alianza Súmate, que postula a Manfred Reyes Villa— han denunciado públicamente la presunta manipulación de estudios de opinión difundidos por firmas autorizadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El punto en común entre ambas denuncias es la empresa Ipsos‑Ciesmori, señalada por publicar resultados que, según los denunciantes, no reflejan el verdadero pulso ciudadano. Mientras la Alianza Popular anunció que interpondrá una denuncia penal ante el Ministerio Público por delitos electorales, Reyes Villa ha cuestionado en reiteradas ocasiones a la encuestadora desde el mes de junio, acusándola de tergiversar datos en su contra, aunque tampoco ha presentado aún una acusación formal.
Ambas organizaciones aseguran que los resultados muestran inconsistencias y responden a estrategias de manipulación mediática para influir en el voto. No obstante, hasta el momento, ninguna de estas acusaciones ha pasado del ámbito declarativo o mediático al judicial, lo que deja las denuncias en un terreno de suspicacia política más que de comprobación técnica.
De acuerdo con la Ley 026 del Régimen Electoral, toda empresa que publique encuestas durante el periodo electoral debe estar registrada ante el TSE, presentar una ficha técnica detallada y cumplir con los plazos legales para difusión. El TSE puede suspender la autorización a empresas si se comprueba que sus métodos son inconsistentes, si omiten datos clave o si incumplen con la declaración jurada de veracidad. Y si se detecta manipulación dolosa, puede derivar el caso al Ministerio Público por delitos electorales, con sanciones de 1 a 3 años de prisión y multas económicas.
El tribunal no sanciona automáticamente una encuesta registrada si genera polémica por sus resultados. Sin embargo, puede solicitar auditorías metodológicas, requerir explicaciones a la empresa encuestadora, y en caso de reincidencia o falta de transparencia, puede inhabilitarla temporalmente para nuevos estudios.
Este cruce de acusaciones muestra cómo el valor técnico de las encuestas está siendo desplazado por un uso político cada vez más agresivo. Para algunos analistas, el descrédito hacia las encuestadoras puede convertirse en un arma de defensa anticipada frente a eventuales derrotas o caídas en la intención de voto. “No podemos entrar a una campaña donde todo resultado incómodo sea descartado por ‘manipulado’ sin pruebas. Sería el principio del fin de toda medición creíble”, advierte un ex funcionario del TSE.
A medida que se acerca el 17 de agosto, el desafío para las autoridades electorales y para la opinión pública es separar los datos reales de las narrativas políticas. Y exigir que, si hay denuncias de manipulación, estas se formalicen y se sustenten con evidencia, como corresponde en un Estado de derecho.
Juan Flores para CalleBolivia.Com
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