Los Países en Desarrollo sin Litoral —un grupo de 32 naciones reconocido por Naciones Unidas— enfrentan obstáculos estructurales para su crecimiento económico. Al no contar con acceso directo al océano, dependen de corredores terrestres a través de Estados vecinos para mover sus exportaciones e importaciones. Esa dependencia encarece sus operaciones: los costos logísticos son, en promedio, más del doble que en los países costeros.
Bolivia, como miembro activo de este grupo, promovió la instauración de esta fecha internacional para visibilizar un problema que rara vez aparece en la agenda pública, pero que limita seriamente su inserción en la economía global. Aunque tratados como el de 1904 garantizan libre tránsito a través de puertos chilenos, en la práctica las fricciones diplomáticas, los retrasos operativos y las debilidades logísticas mantienen vigente la desventaja.
El panorama se vuelve más complejo cuando el país de tránsito también es una economía en desarrollo, como ocurre con frecuencia en Sudamérica. La falta de infraestructura interconectada, la baja inversión en transporte multimodal y la ausencia de una integración aduanera eficaz hacen que el comercio intrarregional sea escaso y poco competitivo.
Para Bolivia, esta nueva fecha internacional no debería ser solo simbólica. Es una oportunidad para reforzar su diplomacia económica, impulsar proyectos como el tren bioceánico, desarrollar plataformas logísticas internas, y construir una política exterior basada en soluciones concretas más allá de la reivindicación marítima.
Redacción central
Portada gentileza Abi
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