En declaraciones difundidas por France 24, el expresidente Evo Morales reiteró su llamado a la ciudadanía a emitir voto nulo en las elecciones generales del 17 de agosto, como protesta por su inhabilitación como candidato. Según Morales, esta es la vía para “rechazar un proceso manipulado” y “no legitimar a quienes resulten electos en condiciones injustas”.
El líder cocalero, que mantiene una fuerte base en el Chapare, busca capitalizar el descontento de parte de la población con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y con el gobierno de Luis Arce. Su propuesta es clara: que el mayor número posible de bolivianos anule su voto como señal de rechazo político.
De acuerdo con la Ley del Régimen Electoral, el voto nulo no tiene capacidad legal para anular una elección presidencial. El TSE descarta los votos nulos y blancos en el cómputo, y proclama ganador al candidato que obtenga más del 50% de los votos válidos, o al menos el 40% con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo. Esto significa que, incluso si nulos, blancos y abstenciones sumaran un 35% o más, jurídicamente no cambiaría nada: el ganador sería proclamado y asumiría el cargo.
El objetivo de Morales no es bloquear el conteo, sino erosionar la legitimidad del eventual presidente. Un alto porcentaje de voto nulo permitiría a sus seguidores argumentar que el ganador fue electo “solo por una minoría real del pueblo” y que carece de respaldo popular sólido. Este tipo de estrategia tiene antecedentes en Bolivia: en el referendo judicial de 2011, el voto nulo superó el 40% y, aunque el proceso siguió su curso, el resultado fue interpretado como un rechazo masivo. En otros países latinoamericanos, campañas similares han servido para medir el descontento y cuestionar mandatos sin alterar la validez legal de la elección.
Si Morales logra instalar la idea de que el próximo presidente es ilegítimo, ese argumento podría convertirse en la justificación para futuras movilizaciones, presiones políticas o incluso intentos de desestabilización contra el gobierno de turno. En este escenario, el voto nulo funcionaría no solo como protesta coyuntural, sino como base narrativa para erosionar la gobernabilidad en los meses y años posteriores.
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