La expresidenta Jeanine Añez volvió a pronunciarse sobre los procesos judiciales en su contra y calificó de “grosero y manipulador” el accionar del poder político en la administración de justicia en Bolivia. Recordó que fue condenada a 10 años de prisión en el caso denominado Golpe 2 y denunció que se le negaron pruebas y se forzó un proceso sin respetar su fuero como exmandataria.
“Me sentenciaron en una patraña montada. No había posibilidad de defensa, las instrucciones ya estaban dadas”, afirmó Añez, al señalar que tanto jueces como fiscales actuaron bajo órdenes del exministro de Justicia, Iván Lima, y de la cúpula política del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Entre sus críticas, recordó la resolución de la exvocal Claudia Castro, que desconoció su condición de expresidenta y habilitó un juicio ordinario en lugar de un juicio de responsabilidades. “Solo buscaban la condena express”, dijo, al relatar audiencias virtuales “extenuantes e inhumanas” donde —según su versión— se le negaron testigos y documentos a favor de su defensa.
Añez enumeró los procesos abiertos en su contra, a los que calificó como “patrañas”: Golpe 1, Golpe 2, Senkata, Sacaba, EBA, FUNDEMPRESA, FMI, JETFIELD y hasta una denuncia por vulneración a la libertad de expresión durante la pandemia. “La Fiscalía admitía cualquier denuncia y la convertía en imputación, era el trabajo sucio que hacía para el gobierno”, denunció.
Sobre los hechos de Sacaba y Senkata, donde murieron manifestantes en 2019, la exmandataria sostuvo que es necesario investigar a los verdaderos responsables, a quienes vinculó con el expresidente Evo Morales. “Tiene antecedentes: Pando, el hotel Las Américas, Senkata, Sacaba. En su ambición de poder no mide consecuencias ni le importa la muerte de su gente”, manifestó, asegurando que el exmandatario actúa con “impunidad”.
Añez reclamó que, tras más de cuatro años privada de libertad, aún se busque llevarla a juicio de responsabilidades “sin una investigación seria y sin corroborar las acusaciones”. Dijo no oponerse a que se indaguen los hechos, pero pidió que las pesquisas sean equilibradas, con pruebas y con responsabilidad.
Finalmente, apeló a que con un cambio de gobierno la justicia boliviana recupere su independencia. “Distorsionaron las funciones del poder judicial convirtiéndolo en un mecanismo de persecución política y sometimiento a un clan de sicariato. Los bolivianos esperamos que eso cambie. Gracias a Dios ahora tenemos una esperanza”, afirmó.
En las calles, la reacción ciudadana sigue dividida: unos apoyan la posición de la exmandataria, mientras otros exigen que se identifique a los responsables de las muertes de 2019 y se establezcan sanciones.
Redaccion central La Paz
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