Una sala repleta de tensiones, miradas expectantes y un fallo que sacude a Bolivia: el Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción otorgó libertad a Marco Antonio Pumari y arresto domiciliario a Luis Fernando Camacho en el caso “Golpe de Estado I”, marcando un antes y un después en el debate sobre la justicia y la política en el país.
La expresidenta Jeanine Añez rompió el silencio con un testimonio en el que acusa a jueces, fiscales y al exministro Iván Lima de haber manipulado la justicia en su contra. Desde su condena en el caso denominado “Golpe 2”, asegura que el poder judicial en Bolivia fue reducido a un instrumento de obediencia política y pide que, con el cambio de gobierno, se devuelva la independencia a la justicia.
La justicia boliviana vuelve a estar en el centro del debate. Mientras el Tribunal Supremo de Justicia instruyó a jueces informar sobre los plazos procesales en los casos de Jeanine Áñez, Marco Pumari y Luis Fernando Camacho, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, recordó que el 58,2% de los 33.275 privados de libertad en Bolivia son detenidos preventivos, y cuestionó que la revisión de plazos no puede limitarse a unos pocos procesos mediáticos.
En un acto anticipado por el Día del Juez Boliviano —que se celebrará oficialmente el 27 de julio— el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, afirmó en horas precedentes que el Órgano Judicial “ha recobrado su independencia” y que “no se debe a ningún político”. La declaración llega en un momento de fuerte cuestionamiento ciudadano e institucional, y cuando la justicia boliviana aún arrastra el peso de la polémica prórroga de altos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) denunció este miércoles un video anónimo con amenazas violentas contra los principales órganos del Estado, exigiendo la habilitación electoral de Evo Morales para 2025. El presidente del TSJ, Romer Saucedo, calificó el hecho como un “acto subversivo” y anunció una denuncia penal.
La jueza Lilian Moreno fue enviada con detención preventiva por 30 días a la cárcel de Palmasola, luego de que la Fiscalía la imputara por desobedecer resoluciones judiciales e incumplir deberes, tras anular la orden de aprehensión contra Evo Morales en un caso de presunta trata de personas.
La anulación de la orden de aprehensión contra Evo Morales por parte de la jueza Lilian Moreno ha provocado una tormenta política y judicial en Bolivia. Mientras el Consejo de la Magistratura inicia una investigación por presunto prevaricato sin esperar una apelación, crecen las voces que advierten sobre posibles presiones al sistema judicial y el riesgo de minar su independencia.
La jueza Lilian Moreno del distrito judicial de Santa Cruz dejó sin efecto la imputación formal y la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales en un controvertido caso por presunta trata y tráfico de personas, determinando además el traslado del proceso judicial a Cochabamba. La decisión, celebrada por el entorno del exmandatario como un acto de justicia, ha sido duramente cuestionada por sectores que denuncian manipulación judicial y favorecimiento político.
