En 2024, la Amazonía y otros ecosistemas clave de América Latina sufrieron un deterioro sin precedentes: incendios forestales descontrolados, tala ilegal y expansión agrícola sin planificación. Según reportes internacionales, la región concentra más del 40% de la pérdida de bosques tropicales a nivel global, lo que compromete no solo la biodiversidad, sino también la capacidad de capturar carbono y regular el clima.
Los efectos no son locales: la destrucción de la selva amazónica amenaza los llamados “ríos voladores”, corrientes de humedad que generan lluvias en todo el continente. Una alteración en ese sistema afecta la agricultura, la seguridad hídrica y la energía en países como Perú, Argentina, Brasil y Bolivia.
Bolivia: entre incendios y deforestación
Bolivia aparece cada vez con más frecuencia en los mapas de deforestación. Informes satelitales advierten que en 2024 el país concentró una de las tasas más altas de pérdida de bosques amazónicos fuera de Brasil. Los incendios en la Chiquitanía y el norte amazónico devastaron cientos de miles de hectáreas, mientras que la expansión de la frontera agrícola, la ganadería extensiva y los asentamientos humanos siguen avanzando sin una estrategia clara de control.
A esta presión se suma el impacto de la minería aurífera —formal e informal— que degrada ríos, contamina con mercurio y genera conflictos con comunidades indígenas. La ecuación es compleja: necesidad de divisas vs. protección ambiental.
Llegan los recursos verdes, pero falta confianza
Ante esta crisis, surgen oportunidades financieras. Organismos multilaterales y bancos de desarrollo anuncian fondos climáticos, créditos blandos e incluso bonos verdes certificados para canalizar recursos hacia proyectos de conservación y transición energética.
Bolivia no ha quedado al margen: en 2025 el Banco de Desarrollo Productivo realizó su primera emisión de bonos verdes certificados, un paso inédito en el país. También se han planteado accesos a financiamientos internacionales a través del Fondo Verde para el Clima.
Sin embargo, el desafío no es el acceso al dinero, sino cómo se usa. Expertos advierten que, sin mecanismos de monitoreo y auditoría independiente, estos recursos corren el riesgo de convertirse en una caja opaca. El fantasma del greenwashing (maquillar proyectos contaminantes como “sostenibles”) está presente si no se garantiza participación comunitaria, indicadores claros y reportes públicos.
El reto de la transparencia
La clave está en la gobernanza. Mientras otros países de la región trabajan en fortalecer marcos regulatorios para garantizar trazabilidad y control de los recursos verdes, en Bolivia los sistemas de fiscalización son débiles y dispersos. La falta de coordinación entre niveles de gobierno, las tensiones entre desarrollo económico y conservación, y la ausencia de una política nacional clara sobre financiamiento climático abren una brecha de credibilidad.
En palabras de un analista regional: “Los recursos verdes pueden ser una oportunidad histórica para Bolivia, pero si no se manejan con transparencia, se convertirán en otra deuda social y ambiental que las futuras generaciones deberán pagar”.
Redacción central La Paz
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