El Senado Nacional, a días de concluir su gestión, aprobó una Ley corta que autoriza la importación directa de combustibles por parte de privados durante un periodo excepcional de 90 días. La medida, que ahora debe ser tratada por la Cámara de Diputados, genera polémica dentro del transporte sindicalizado, que considera que la norma no resolverá el problema de fondo del abastecimiento y responde más a intereses políticos que a un análisis técnico responsable.
El ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, expresó su rechazo a la propuesta y criticó duramente la gestión gubernamental. En declaraciones a Unitel, señaló: “Si ya no pueden, váyanse de una vez… han liquidado nuestra gasolina, nuestro diésel, nuestro gas.” Gómez, quien durante gran parte del mandato de Luis Arce fue aliado del Gobierno, ahora adopta un discurso abiertamente crítico, marcando distancia frente al manejo energético y la escasez de combustibles que afecta al transporte y la economía nacional.
El dirigente exigió además que el sector transporte reciba el diésel “sin intermediarios”, aludiendo a que el proyecto podría beneficiar a grandes importadores y no garantizar precios accesibles ni abastecimiento directo a los choferes. “Nosotros queremos combustible, necesitamos diésel; esperamos que el Gobierno cumpla con su compromiso”, reclamó.
De aprobarse en Diputados, la Ley corta no tendría aplicación inmediata. Para su ejecución será necesaria una disposición reglamentaria emitida por el Órgano Ejecutivo o la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), lo que podría demorar su efectividad. Analistas señalan que la iniciativa se trata más de un gesto político de cierre de gestión que de una solución estructural al problema del suministro de combustibles.
La Confederación de Choferes observa además que el abastecimiento de gasolina y diésel es una obligación del Estado y no puede ser transferida a actores privados, incluso bajo carácter transitorio. Advierten que cualquier liberalización parcial podría poner en riesgo el régimen de subvenciones, impactando directamente en las tarifas y en el costo del transporte público.
Para distintos sectores, la decisión del Senado es una respuesta tardía. “Este debate pudo haberse dado cuando comenzó la crisis de abastecimiento; hoy parece una reacción política, no una medida técnica”, comentó un economista consultado por CalleBolivia.Com.
Mientras tanto, la tensión entre el transporte y el Gobierno se profundiza, en un escenario donde la escasez, la desconfianza y las disputas internas del oficialismo reconfiguran el mapa político del país.
Redacción central La Paz
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