Punta Cana (19 de octubre de 2025). — Las conclusiones de la 81ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reflejaron un diagnóstico preocupante sobre la situación de la libertad de prensa en América Latina. El documento final, leído por Daniel Dessein, de La Gaceta (Argentina), advierte sobre un entorno de creciente hostilidad oficial hacia los periodistas, acompañado de discursos estigmatizantes y acciones de acoso judicial y económico.
Durante cuatro días, los representantes de medios de todo el continente compartieron informes que revelan una tendencia común: la criminalización del ejercicio periodístico. Entre los casos más graves, se denunciaron asesinatos, encarcelamientos, exilios forzados y censura directa, especialmente en países donde la independencia informativa se enfrenta a controles políticos y económicos.
Pese a este panorama adverso, el encuentro destacó algunos avances. En Costa Rica, recientes fallos judiciales reafirmaron el derecho a la información y la libre crítica como garantías fundamentales. En Colombia, una sentencia histórica reconoció los crímenes contra periodistas como ataques a la democracia, marcando un precedente jurídico regional.
En Bolivia, la SIP reportó multas y sanciones económicas contra medios por la difusión de contenidos considerados “propaganda electoral”, incluso con montos superiores al valor de las empresas periodísticas. Estas medidas, según la organización, constituyen una forma de presión indirecta que compromete la sostenibilidad del sector y la independencia editorial.
Asimismo, en Panamá, las demandas civiles y penales se han convertido en el mecanismo preferido para inhibir la labor periodística y amenazar la viabilidad económica de las redacciones, lo que refuerza la necesidad de marcos legales que protejan el trabajo informativo.
Gabriela Vivanco, presidenta del Comité Ejecutivo de la SIP, junto al expresidente Roberto Rock, participaron en la clausura reafirmando el compromiso de la organización con la defensa del periodismo libre, e instaron a los Estados a garantizar un entorno seguro para los comunicadores.
Punta Cana
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