El país volvió a estremecerse con un caso que pone en entredicho la independencia judicial. El exjuez Marcelo Lea Plaza, quien denunció la existencia de un “consorcio de jueces, abogados y fiscales” para manipular decisiones judiciales, fue hallado muerto el 26 de octubre en su vivienda de Coroico, donde cumplía arresto domiciliario.
El caso Consorcio se inició en junio de 2025, tras revelarse una resolución judicial emitida por Lea Plaza que involucraba a altas autoridades del sistema judicial y al entonces ministro de Justicia, César Siles. La investigación apuntaba a una supuesta red de coordinación entre magistrados y abogados para influir en fallos y designaciones dentro del Órgano Judicial.
Según fuentes judiciales citadas por La Patria y Los Tiempos, el exjuez era testigo protegido y colaborador clave del Ministerio Público. Sin embargo, su abogada, Zuleika Lanza, denunció que el exjuez fue torturado durante su reclusión y que había recibido amenazas directas por las declaraciones que comprometían a autoridades de alto nivel.
“El juez había advertido que temía por su vida y pidió medidas de protección que nunca llegaron”, declaró Lanza, pidiendo una investigación independiente sobre su muerte.
El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) aún no ha emitido un informe oficial sobre las causas del deceso, aunque versiones preliminares no descartan un posible homicidio. La Fiscalía mantiene abierta la investigación, pero sectores cívicos y juristas temen que el caso termine archivado o manipulado políticamente.
Para el abogado constitucionalista Carlos Alarcón, este hecho “refleja una estructura judicial corrompida, donde los denunciantes son castigados y los responsables permanecen protegidos por el poder político”.
Expertos advierten que la investigación podría fragmentarse o cerrarse sin responsables, como ocurrió con los casos “audios del poder” y “Cártel de la Justicia”.
Sin embargo, la presión pública y la llegada del nuevo gobierno podrían dar paso a una comisión independiente o internacional, con apoyo de organismos de derechos humanos, para esclarecer las circunstancias de su muerte y el funcionamiento del presunto consorcio judicial.
La muerte de Lea Plaza debilita la causa más sensible del sistema judicial boliviano. Sin su testimonio, gran parte de las pruebas directas se pierden, lo que reduce las posibilidades de una sentencia firme contra los implicados en la red de consorcio judicial.
Redacción central La Paz
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