La reciente absolución de Jeanine Añez por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no solo cierra uno de los procesos más polémicos de la última década, sino que introduce un cambio doctrinal en la interpretación de los hechos de 2019. La Justicia boliviana, que antes consideró su asunción como un “golpe de Estado”, ahora la redefine como una “necesidad constitucional” destinada a preservar el orden democrático y evitar un colapso institucional.
Un principio no reconocido en 2019
En 2019 y los años siguientes, los administradores de justicia no aplicaron este argumento jurídico porque el principio de necesidad constitucional no estaba desarrollado en la jurisprudencia boliviana. Aunque en el derecho comparado existe la figura de la “razón de Estado” o “estado de necesidad constitucional”, en Bolivia no existía un precedente vinculante que amparara decisiones de emergencia fuera del marco formal de la sucesión presidencial.
En ausencia de ese marco, fiscales y jueces adoptaron una interpretación estrictamente penal, sosteniendo que Añez había usurpado funciones al asumir la Presidencia sin respaldo legal. Su actuación se analizó bajo los tipos penales de resoluciones contrarias a la Constitución y abuso de autoridad, sin abrir espacio para una valoración constitucional del contexto.
El peso del contexto político
El otro factor decisivo fue el contexto político. Entre 2020 y 2023, la narrativa dominante en el aparato estatal calificaba los hechos de 2019 como un golpe de Estado, lo que condicionó la actuación del Ministerio Público y de los tribunales inferiores. En ese clima, ningún operador judicial se arriesgó a reinterpretar los hechos con independencia doctrinal, pues hacerlo habría significado contradecir el discurso oficial.
El fallo absolutorio de 2025, emitido en un escenario político distinto, marca una inflexión. El TSJ asumió una posición basada en el principio de preservación del Estado y del orden democrático, sosteniendo que la asunción de Añez respondió a una situación de vacío de poder y no a una voluntad de usurpar funciones.
Un precedente histórico
Con esta sentencia, la Justicia boliviana establece jurisprudencia sobre el “estado de necesidad constitucional”, un concepto que coloca la estabilidad institucional por encima de la formalidad jurídica en situaciones de emergencia. La decisión no solo absuelve a Añez, sino que redefine el relato jurídico de 2019, reconociendo que su asunción fue una acción de emergencia constitucional y no un acto delictivo.
El fallo abre además un debate profundo: si el sistema judicial hubiese tenido independencia e instrumentos doctrinales sólidos en 2019, ¿habría sido distinta la historia de Añez y del país?
Redacción central La Paz
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