En los últimos meses, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) ha desplegado una ofensiva frenética para emitir vistas de cargo de la gestión 2017, en un intento evidente por impedir la prescripción de obligaciones tributarias. La frase que más se repite entre contadores y contribuyentes es elocuente: “hay que evitar que prescriba”. Pero lo que realmente ha salido a la luz en este proceso no es la eficiencia del fisco, sino la extrema rigidez de un sistema tributario incapaz de comprender la realidad económica de miles de trabajadores unipersonales y profesionales independientes que deben defender —casi heroicamente— la legalidad de sus gastos cotidianos.
Las depuraciones ya no se limitan a aspectos formales; ahora son esencialmente sustanciales. La médula del negocio, su viabilidad misma, es examinada bajo una lupa desconfiada. El pecado capital: la falta de “materialidad”, concepto que la Administración ha convertido en un arma de interpretación expansiva. Si un gasto fue pagado en efectivo —aunque la ley solo exige bancarizar operaciones mayores a Bs 50.000— el SIN presume inexistencia, fraude o “factura fantasma”.
La factura, que para una persona natural perfecciona el hecho generador, pierde valor frente a una exigencia casi inquisitorial: demostrar no solo que se compró, sino cómo, por qué, para qué, dónde y con qué motivación comercial exacta. El fisco ya no pide pruebas; pide reconstrucciones documentales de un nivel de detalle que ni siquiera las grandes corporaciones exigen internamente.
Aunque la ley es clara, el criterio administrativo ha superado su propia norma. Pagos por montos menores a Bs 50.000 son depurados como si fueran operaciones no reales. Para salvarse, el contribuyente debe construir una pirámide documental: recibos de caja interna, comprobantes de egreso, notas de almacén, listas de asistencia, comunicaciones internas… y todo ello con un nivel de detalle casi pericial.
Este es el punto más preocupante: el sistema ya no busca la verdad material, sino la mera formalidad documental, incluso si esta es imposible de generar para pequeños emprendimientos que funcionan en la lógica real de la economía boliviana: la del efectivo, la informalidad estructural y la flexibilidad operativa.
Para un unipersonal, cada gasto es sospechoso por omisión. Un refrigerio debe tener una lista detallada de asistentes; un viaje de negocios debe estar respaldado por un cronograma de reuniones, correos electrónicos y minutas; cualquier compra requiere “vinculación comercial”, un concepto abstracto que la Administración interpreta con extrema dureza.
Paradójicamente, el Estado exige al microempresario el comportamiento documental de una transnacional, pero lo grava, lo controla y lo sanciona como si se tratara de un evasor sistemático.
El problema ya no es cuánto se paga, sino cuánto se debe invertir en pruebas para demostrar que cada gasto cotidiano es legítimo. Este desequilibrio rompe el principio de razonabilidad y desnaturaliza el espíritu del sistema tributario, que debería recaudar sin destruir actividades económicas.
La Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT) y el Tribunal Supremo de Justicia han empezado a reconstruir el Principio de Verdad Material mediante jurisprudencia que reconoce pruebas supletorias y la realidad económica por encima del formalismo tóxico. Pero no basta. Mientras el SIN siga actuando bajo el paradigma del sospechoso permanente, la conflictividad tributaria seguirá creciendo.
El reto de “humanizar” la norma tributaria es ineludible. Si el país quiere un sector comercial, industrial y de servicios que crezca, el Estado debe dejar de asfixiarlo con formalismos y sospechas. No es normal que un contribuyente gaste más energía defendiendo la existencia de un gasto que en producir riqueza.
La economía real exige una reforma seria, empática y moderna. Bolivia no puede seguir sosteniendo un modelo tributario construido para desconfiar del pequeño, castigar al que paga y premiar al que se esconde.
Porque si defender la verdad cuesta más que pagar el impuesto, el sistema ya no es tributario: es punitivo.
Por Manuel Rodríguez, analista invitado
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