La crisis del ex Banco Fassil volvió a demostrar que la supervisión financiera no puede basarse en respuestas tardías ni en diagnósticos complacientes. Cuando la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) decidió intervenir, los indicadores de riesgo ya habían pasado de alerta temprana a advertencia severa. La entidad reguladora llegó para contener un incendio que llevaba meses ardiendo dentro del sistema bancario.
Los informes internos del banco mostraban señales evidentes: concentración de cartera en pocos clientes, crecimiento anómalo de créditos vinculados y debilitamiento sostenido de la liquidez. En cualquier marco regulatorio moderno, estos factores obligan a una intervención temprana, auditorías externas inmediatas y restricciones operativas. Sin embargo, en el caso de Fassil, los controles se dilataron y los riesgos se acumularon hasta volverse críticos.
Los llamados “semáforos financieros”, diseñados para advertir de tendencias peligrosas, ya mostraban color amarillo cuando la situación aún podría haberse manejado. La actuación prudencial exige que, ante este nivel de riesgo, un regulador ordene recapitalizar la entidad, supervise su flujo de caja diariamente y restrinja créditos que no cumplen criterios técnicos. Nada de eso ocurrió a tiempo; las advertencias simplemente se dejaron avanzar.
Cuando las señales pasaron de amarillo a rojo, la ASFI no tuvo otra opción que intervenir para evitar una crisis mayor. Para entonces, la estructura financiera de Fassil ya estaba comprometida: la liquidez era insuficiente, los retiros de grandes depositantes habían comenzado y los estados financieros dejaban de reflejar la verdadera magnitud del deterioro. La intervención dejó de ser un mecanismo de prevención para convertirse en un operativo de emergencia.
La Fiscalía, la Unidad de Investigaciones Financieras y otras instancias ahora investigan qué ocurrió dentro del banco y cuál fue el papel de los empresarios que recibieron créditos vinculados por montos millonarios. Pero más allá de las responsabilidades penales, el caso abrió un debate profundo sobre el verdadero alcance y eficacia de la supervisión financiera en Bolivia: ¿los reguladores pueden actuar sin condicionamientos cuando detectan riesgos o deben esperar a que la crisis sea irreversible?
El colapso de Fassil deja una lección clara: en sistemas financieros sensibles, los riesgos no se gestionan tapando huecos, sino anticipándose a ellos. La intervención temprana es la regla en los países con estabilidad bancaria; intervenir tarde solo confirma que los mecanismos de control fallaron. Y en este caso, fallaron cuando las alarmas ya estaban encendidas.
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