El anuncio del presidente Rodrigo Paz de crear una “Comisión de la Verdad de los hidrocarburos” reabrió el debate sobre el manejo del sector y la magnitud de la corrupción heredada. Paz aseguró que no existía un “mar de gas”, como proclamó el MAS, sino un “mar de corrupción” que habría desviado combustibles y profundizado la crisis energética. La propuesta incluye integrar a todas las fuerzas políticas, instituciones y al sistema de justicia, bajo la premisa de transparencia total y la consigna de “caiga quien caiga”.
Sin embargo, juristas como Antonio Carreño sostienen que no se necesita una comisión especial para esclarecer responsabilidades, porque el Estado ya cuenta con mecanismos técnicos plenamente operativos: las Unidades de Auditoría Interna, las Unidades de Transparencia, la Contraloría General del Estado y el Ministerio Público. Para Carreño, basta con que estas entidades hagan su trabajo con objetividad: “como en el cacho, se anota lo que se ve”, y luego se remiten los hallazgos a las instancias jurídicas para la tipificación penal correspondiente. Desde esta óptica, una nueva comisión podría duplicar funciones o introducir elementos políticos en procesos que deben ser estrictamente técnicos.
La creación de una Comisión de la Verdad genera dudas sobre su utilidad real, su independencia y su impacto efectivo en la lucha contra la corrupción. Si bien podría aportar una narrativa pública y simbólica para reconstruir confianza en el sector hidrocarburos, su capacidad legal es limitada frente a los órganos que ya tienen atribuciones para investigar, determinar daño económico y procesar delitos. En un momento de crisis energética y presión social, el desafío será evitar que esta iniciativa se convierta en un gesto político sin resultados concretos y garantizar que las instituciones técnicas hagan el trabajo que la ley les exige.
Redacción central La Paz
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