Por más de dos décadas, Bolivia ha vivido atrapada en una paradoja: se exige formalidad, pero se administra como un castigo. El presidente Rodrigo Paz prometió esta semana que, en los próximos cinco años, ser formal en Bolivia dejará de ser un riesgo y se convertirá en un beneficio. La declaración, acompañada de su anuncio de medidas impositivas para impulsar la producción, abre un debate necesario en un país donde el emprendimiento compite contra trámites interminables, sanciones automáticas y un régimen tributario que desincentiva crecer.
Paz no se equivoca al identificar el problema. La presión fiscal, la rigidez normativa y la discrecionalidad administrativa han empujado a miles de unidades productivas hacia la informalidad. No por falta de voluntad, sino porque cumplir la ley suele ser más costoso que evadirla. La formalidad, que debería garantizar estabilidad y acceso a mercados, terminó convertida en una barrera económica que frena la productividad y ahoga a quienes intentan hacer las cosas bien. Si el Gobierno quiere “capitalismo para todos”, no bastará con discursos: deberá desmontar la maquinaria burocrática de los procesos que hace de la formalización un castigo.
La urgencia es evidente. La Ley 843 que ha sido modificada en algunos aspectos, lejos de incentivar la transparencia, se ha vuelto un laberinto; el Código Tributario castiga el error como si fuera delito, y los incentivos como el reconocimiento del crédito fiscal son prácticamente inexistentes por las observaciones de vinculación. No se habla de premiar la evasión, sino de revertir un sistema que, desde hace tiempo, confunde recaudar con perseguir. Reformar la normativa fiscal no significa recaudar menos, sino recaudar mejor: ampliar la base, garantizar competencia leal y dejar de castigar al que produce mientras se tolera la informalidad que no aporta al desarrollo.
La pregunta clave es si el Gobierno está dispuesto a romper inercias. Convertir la formalidad en un beneficio exige decisiones políticas fuertes: simplificar trámites, reducir cargas, modernizar la administración tributaria y ofrecer estabilidad jurídica real. La propuesta de Paz es valiosa, pero su éxito dependerá de cómo se traduzca en leyes, decretos o resoluciones ministeriales y el entendimiento del propósito de los nuevos ejecutivos del SIN. Si la reforma llega solo a los discursos, nada cambiará. Pero si el país se anima a repensar su sistema tributario, la formalidad puede convertirse, por fin, en un motor de desarrollo y no en un obstáculo para quienes quieren trabajar dentro de la ley.
Por Manuel Rodríguez, analista invitado
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