La irrupción pública de Luis Alberto Sánchez, quien durante los años del evismo aseguró que Bolivia poseía un “mar de gas”, reactivó un debate que la crisis actual hizo imposible seguir postergando. El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, respondió con dureza: “Si no es para pedir perdón a los bolivianos, mi consejo a toda la sarta de irresponsables es que guarden silencio, porque todas sus mentiras podrán ser usadas en su contra”. Según Espinoza, la narrativa del “gas infinito” no solo fue falsa, sino que contribuyó a la falta de planificación que hoy golpea al país.
En medio del ruido político, el jurista Franz Barrios llevó la discusión a terreno técnico: Bolivia necesita de inmediato una nueva certificación internacional de reservas de gas bajo estándares SPE-PRMS o SEC. Recordó que las últimas certificaciones tienen entre 5 y 8 años, lo que las vuelve inservibles para inversionistas, mercados internacionales y organismos financieros que exigen claridad entre reservas probadas (1P), probables (2P) y posibles (3P). Sin estos datos diferenciados, Bolivia pierde credibilidad y capacidad para atraer inversiones en exploración.
Barrios advirtió que el país lleva años reportando únicamente “reservas remanentes”, una práctica que no cumple normas internacionales y que ha generado una subestimación técnica del potencial comercializable. Sin estudios recientes y sin auditorías independientes de firmas reconocidas —como DeGolyer & MacNaughton, Ryder Scott, Netherland Sewell o Gaffney Cline—, Bolivia sigue operando sin brújula en un sector clave para su economía.
Finalmente, el experto recordó que la Ley de Hidrocarburos exige certificaciones periódicas realizadas por terceros independientes. Por ello, planteó que el Gobierno debe lanzar de inmediato una licitación internacional para contratar al menos dos certificadoras de prestigio global, con términos de referencia transparentes, cronograma público y supervisión conjunta de YPFB, el Ministerio de Hidrocarburos y la Contraloría. “La crisis del combustible demuestra que Bolivia necesita datos reales, no relatos del pasado”, concluyó.
Redacción central La Paz
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