El estallido social de horas precedentes dejó una huella visible que aún pesa sobre el país. Las protestas, los bloqueos y la paralización del transporte tras el fin de los subsidios al combustible marcaron un punto de quiebre entre el Gobierno y los sectores urbanos. La subida del precio de la gasolina y el diésel no solo encareció de inmediato la movilidad, sino que reactivó un malestar acumulado que venía creciendo desde hace meses frente al ajuste económico. Esa primera reacción dejó claro que el impacto no sería solo técnico: sería político y social.
Este sábado, sin embargo, el país amaneció distinto. No hubo los bloqueos del día anterior ni las largas filas desordenadas que colapsaron estaciones de servicio, pero el ambiente tampoco recuperó normalidad. La gente salió, pero con cautela; los transportistas volvieron a circular parcialmente, pero sin intención de ceder; y en los mercados, el precio de algunos productos ya empezó a subir tímidamente. Es una calma superficial donde todos —gobierno, gremios y ciudadanos— parecen estar mirando el reloj.
La tensión aumenta porque el transporte, uno de los sectores más determinantes para medir el pulso social, mantuvo su negativa a sentarse a dialogar con el Ejecutivo. Sus dirigentes insisten en que el incremento del combustible hace inviable el servicio y advierten que el lunes no solo habrá un paro, sino un bloqueo nacional si no se revierte la medida. La advertencia corre de boca en boca, y para muchos bolivianos la pregunta no es si habrá conflicto, sino qué tan grande será.
Mientras tanto, el Gobierno sostiene su discurso de responsabilidad fiscal y modernización económica, aunque evita precisar cómo mitigará el impacto inmediato en precios, abastecimiento y transporte público, dejando que el mercado decida. Esta falta de claridad alimenta la incertidumbre en un país que hoy vive un raro momento de suspensión para evitar pensar en el mañana.
Redacción central La Paz
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