Evo Morales iniciará el 2026 bajo la presión de una orden de aprehensión vigente y con un aislamiento político prácticamente total. Su influencia, antes nacional, se ha reducido al Trópico de Cochabamba, donde mantiene el único espacio territorial que aún lo protege del avance del Ministerio Público. Sin operadores ni estructuras externas, su futuro inmediato depende exclusivamente de su capacidad de permanecer dentro de ese enclave y de la reacción de las Seis Federaciones, su sostén orgánico más sólido.
La pregunta central del año es si el Estado se animará a ejecutar la aprehensión. Capturar a Morales dentro del Chapare implicaría un despliegue policial de alto costo social, con riesgos de enfrentamientos y bloqueos que ningún gobierno quiere detonar. Por ello, cualquier intento de detención sería más factible fuera de la zona, en aeropuertos, carreteras o ciudades donde el expresidente no cuenta con resguardo territorial. La orden existe; lo que falta definir es la oportunidad política para aplicarla.
El mensaje reciente de Morales, asegurando que si algo le ocurre sus terrenos pasarán a las Seis Federaciones, confirmó que su estructura ya no es política sino corporativa. Esa declaración no fue simbólica: reconoció que no tiene sucesor, que su legado está anclado al territorio cocalero y que su vulnerabilidad jurídica es real. En el Chapare, su protección no depende de alianzas ni negociaciones, sino del poder disciplinado del bloque sindical que domina la región.
Con este panorama, el 2026 se perfila como un año de tensión directa entre el Estado y el Trópico. Morales podría pasar largos periodos recluido en su bastión para evitar una detención fuera de él, mientras el Ministerio Público mantiene la presión legal para forzar su salida. La disputa ya no está en la política nacional, sino en una pugna territorial donde solo dos actores deciden el desenlace: la justicia que busca ejecutar la orden y las Seis Federaciones que lo resguardan.
Redacción central La Paz
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