En un acto en la ciudad de La Paz, el presidente Rodrigo Paz justificó que el Estado continúe contrayendo deuda externa y pidió a sus detractores no ser “acomplejados”, señalando que la ideología no resuelve los problemas económicos y que el financiamiento puede ser positivo si se destina a producción, reactivación y áreas sociales. El mensaje busca proyectar pragmatismo y apertura financiera, pero deja pendiente la pregunta central: la deuda no se evalúa por el discurso que la acompaña, sino por la capacidad real de generar ingresos futuros para honrarla.
Toda deuda pública se sostiene sobre una ecuación básica: plazos, tasas de interés y flujos de repago. Si los proyectos financiados no generan retornos medibles —exportaciones, mayor productividad o expansión tributaria—, el endeudamiento se transforma en presión fiscal para los próximos años. En Bolivia, la experiencia reciente muestra un uso recurrente de créditos para gasto corriente, empresas deficitarias o infraestructura con bajo impacto económico directo, lo que debilita la sostenibilidad financiera y traslada el problema hacia adelante, según expertos en economía.
La estructura productiva actual tampoco ofrece certezas inmediatas. Los hidrocarburos continúan en declive, la minería depende de ciclos externos, el agro exportador enfrenta límites logísticos y regulatorios, y la industrialización estatal no ha logrado consolidar mercados ni rentabilidad suficiente. Sin una estrategia clara de competitividad, inversión y acceso a mercados, apostar a que la economía generará automáticamente los recursos para pagar nueva deuda es un supuesto optimista que carece de respaldo sólido.
A esto se suma un componente político inevitable: muchas de las deudas que hoy se contraigan no serán pagadas por la actual administración, sino por los próximos gobiernos. El riesgo es convertir el endeudamiento en una herramienta de corto plazo que posterga el ajuste y traslada el costo a futuras gestiones y a la ciudadanía. Más que pedir no ser “acomplejados”, el verdadero desafío para el Gobierno es transparentar cómo, cuándo y con qué modelo productivo se pagará la factura.
Redacción central La Paz
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