En su declaración, Saucedo remarcó que el TSJ ha “peleado por la independencia de poderes” y que la hará respetar. La frase, más que protocolar, suena a deslinde. El máximo tribunal judicial se corre explícitamente del tablero electoral y traza una línea que el TSE no puede ignorar: cualquier decisión, acierto o error en el proceso será de exclusiva responsabilidad del órgano electoral.
El pronunciamiento también revela que el debate sobre la interferencia entre órganos del Estado está lejos de estar cerrado. Al enfatizar que no se meterán en competencias ajenas, el TSJ sugiere que esas fronteras han sido tensionadas, y que alguien —sin nombrarlo— ha operado en un terreno gris que hoy incomoda incluso a quienes históricamente han sido más prudentes en sus declaraciones públicas.
Para el TSE, el mensaje es incómodo. Le quita el argumento del “condicionamiento judicial” y lo obliga a asumir plenamente su rol como árbitro independiente, sin redes de protección. En un contexto de desconfianza ciudadana y cuestionamientos recurrentes a su actuación, el respaldo tácito que podía significar el silencio del Judicial ya no existe.
Así, el TSJ no solo defiende la independencia de poderes: la usa como escudo y como advertencia. El proceso electoral queda, de manera explícita, en manos del TSE. Y con ello, la presión política, jurídica y social se concentra donde más duele.
Redacción central Cochabamba
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