En Colombia, el presidente Gustavo Petro firmó un decreto que elimina la denominada prima especial de los congresistas, reduciendo sus ingresos mensuales de aproximadamente 52 millones a 36 millones de pesos. Aunque la medida no afecta de inmediato a los actuales legisladores y su impacto fiscal es limitado, ha sido interpretada como un gesto político fuerte contra los privilegios de la clase política y en favor de una mayor austeridad estatal.
El mensaje es claro: en un contexto de desigualdad y ajustes económicos, la dirigencia política también debe asumir costos. Analistas coinciden en que, si bien la reducción salarial no resolverá por sí sola los problemas estructurales del país, sí contribuye a recuperar algo de credibilidad institucional y responde a una demanda ciudadana largamente postergada.
El contraste con Bolivia es evidente. En el Legislativo boliviano, mientras algunos sectores plantean la reducción de sueldos como una señal mínima de coherencia frente a la crisis económica, otros parlamentarios sostienen que sus ingresos deberían incrementarse. El argumento más polémico ha sido que ejercer funciones en la sede de gobierno implica gastos similares a “tener dos familias”, debido al traslado desde sus regiones de origen.
Esta postura ha generado rechazo ciudadano y reavivado el debate sobre el desempeño del Legislativo, la productividad normativa y la desconexión entre representantes y realidad social. En un país donde amplios sectores enfrentan dificultades económicas, la discusión sobre mayores recursos para los parlamentarios choca frontalmente con la percepción pública de privilegios sin resultados tangibles.
Redacción central Cochabamba
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