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“Algo es algo”, dirían los expertos en política pública. Mientras en Colombia el Ejecutivo da un golpe simbólico —pero concreto— a los privilegios del Congreso con la reducción de salarios, en Bolivia el debate legislativo avanza en dirección opuesta: unos piden rebajas salariales, otros exigen más recursos bajo el argumento de que ejercer el cargo equivale a “mantener dos familias”.