Samuel sostiene que lo más difícil ya se hizo: retiro de subvenciones sin estallido social, liberación de exportaciones y señales de ajuste fiscal. Sin embargo, no explicó bajo qué variables se calculó el 60%. ¿Se redujo el déficit en esa proporción? ¿Cayeron la inflación y la brecha cambiaria en ese porcentaje? ¿Aumentaron las reservas internacionales en ese nivel? Sin datos comparativos y metas verificables, la cifra parece más un recurso comunicacional que un balance técnico.
Las redes sociales reaccionaron con escepticismo. Usuarios advierten que no se percibe aún una disminución agresiva y sostenible del déficit, ni un trabajo parlamentario consistente que otorgue estabilidad normativa a las medidas. Tampoco observan impactos claros en generación de empleo, inversión o alivio a la pobreza extrema. En el frente energético, la gestión en YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos sigue bajo cuestionamiento.
Desde la Asamblea, el senador José Sánchez lanzó una advertencia de fondo: sin un presupuesto oficialmente aprobado, cualquier ajuste económico carece de ancla institucional. Sin presupuesto no hay previsibilidad, y sin previsibilidad no hay confianza. En procesos de estabilización, la credibilidad es tan importante como la medida misma.
El problema no es declarar avances; el problema es cuantificarlos sin sustento público. Si la inflación no cede, si el tipo de cambio no se estabiliza y si el empleo no reacciona, el “60%” puede volverse un búmeran político. En economía, los resultados no se miden por decisiones tomadas, sino por variables corregidas.
Por: Equipo de redacción
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