El planteamiento de Murillo busca reabrir el debate sobre los casos que enfrenta en Bolivia desde su retorno al país. El exministro sostiene que los procesos en su contra deben ser revisados mediante una auditoría institucional para determinar si fueron impulsados por motivaciones políticas o si realmente existen responsabilidades penales.
Sin embargo, el argumento abre una pregunta inevitable: el primer proceso que lo llevó a prisión no nació en Bolivia. Murillo fue investigado en Estados Unidos por un esquema de sobornos relacionado con la compra de gases lacrimógenos durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
La investigación fue llevada adelante por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que acusó al exministro de participar en un esquema para inflar el precio del equipamiento policial. El caso terminó en una corte federal estadounidense, donde Murillo terminó declarándose culpable.
Tras cumplir parte de su condena, el exministro fue deportado a Bolivia, donde enfrenta nuevos procesos judiciales. En ese contexto, su afirmación de estar “injustamente detenido” vuelve a poner sobre la mesa una discusión que trasciende la política boliviana: si hubo persecución o si, por el contrario, existen antecedentes judiciales internacionales que respaldan las acusaciones.
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Por Equipo de redacción
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