La iniciativa de modificar la ley del oro para disponer de reservas y generar liquidez no solo abre un debate técnico, sino también institucional. La interrogante de fondo es inevitable: ¿existe una estrategia económica integral o se están tomando decisiones aisladas?
El planteamiento del empresario y político Samuel Doria Medina apunta precisamente a ese vacío. La ausencia de una hoja de ruta conjunta entre el BCB y el Ejecutivo refuerza la percepción de descoordinación en la gestión económica.
A esto se suma otro elemento clave: el rol del Ministerio de Economía. En un esquema institucional ordenado, las decisiones del banco central —más aún en un contexto crítico— deberían estar alineadas con la política económica general. Sin embargo, no queda claro si estas acciones cuentan con el respaldo político necesario o si responden a iniciativas que avanzan sin una conducción plenamente articulada.
Pero el problema no es solo técnico. En las filas de los bancos, donde la ciudadanía enfrenta diariamente las restricciones de liquidez, comienza a instalarse una narrativa peligrosa: la de la improvisación. Y en economía, cuando la confianza se erosiona, las medidas pierden eficacia incluso antes de aplicarse.
Hay un punto institucional que no puede seguir postergándose. El actual presidente interino del BCB ha superado el plazo de tres meses establecido para esa condición. La designación de una autoridad titular, a través de la Asamblea Legislativa, no es un formalismo: es una señal clave de estabilidad y gobernanza.
Sin un liderazgo plenamente legitimado, cualquier medida —por necesaria que sea— nace debilitada.
Bolivia enfrenta un momento económico delicado que exige algo más que respuestas parciales. La gestión de las reservas, el tipo de cambio y la estabilidad financiera requieren una estrategia clara, coordinada y con respaldo institucional. Persistir en decisiones fragmentadas no solo incrementa la incertidumbre, sino que eleva el riesgo de errores difíciles de revertir.
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Por Equipo de redacción
