El caso, que inicialmente fue presentado como un “golpe al narcotráfico”, rápidamente mostró fisuras. Las sustancias incautadas —presuntamente ingresadas desde el exterior y camufladas como productos legales— forman parte de los llamados precursores químicos, esenciales para la producción de droga. Sin embargo, a diferencia de otros operativos, aquí no hubo capturas, ni intervención en flagrancia, ni responsables expuestos públicamente.
La situación contrasta con lo ocurrido en el caso de Sebastián Marset, donde la Policía ejecutó operativos directos, incluso sin pleno conocimiento del Ministerio Público, bajo el argumento de evitar filtraciones. Ese antecedente marcó una grieta evidente entre instancias del Estado encargadas de la persecución penal.
Hoy, esa grieta vuelve al centro del debate. El jurista Franz Barrios plantea una duda que resuena en el ambiente político y jurídico: si existe desconfianza entre el Órgano Ejecutivo y la Fiscalía, ¿pueden ciertos “hallazgos” quedar atrapados en medio de esa pugna, sin una línea clara de responsabilidades?
Más allá de la especulación, lo concreto es que el caso de Oruro exhibe una debilidad estructural. Un cargamento de gran volumen logró ingresar, almacenarse en recintos controlados por el Estado y recién entonces ser detectado. La ausencia de aprehendidos no solo refleja la falta de flagrancia, sino también posibles fallas en los sistemas de control, trazabilidad y fiscalización.
En términos legales, la investigación recién comienza: identificar importadores, verificar documentación, rastrear rutas logísticas. Pero en términos políticos, el daño ya está hecho. La percepción de que “aparece la evidencia, pero no los responsables” alimenta la desconfianza ciudadana.
Portada composición digital referencial
Por Equipo de redacción
About Author
