Todo comenzó con la defensa de Marinkovic a una normativa que permitiría usar la tierra como garantía financiera. Su argumento es claro: sin acceso a crédito, el campesino está condenado a la pobreza. Bajo esa lógica, propone “liberar” la tierra del modelo comunitario y permitir que entre de lleno en la dinámica del mercado.
Pero el problema no fue solo la propuesta, sino cómo se la defendió. Algunas de sus frases fueron interpretadas como despectivas hacia comunidades indígenas y campesinas, lo que activó la reacción de la Defensoría. La institución no discutió únicamente el fondo económico, sino el enfoque cultural y social, señalando que ese tipo de discurso reproduce estereotipos y puede normalizar formas de exclusión.
En el fondo, el conflicto revela una fractura más profunda: dos visiones de país que chocan sin puntos intermedios. Por un lado, la idea de la tierra como activo económico individual, capaz de generar riqueza y desarrollo. Por otro, la tierra como un bien colectivo, ligado a identidad, territorio y derechos históricos.
En las calles, el tema no pasa desapercibido. Hay quienes ven en la propuesta una oportunidad de crecimiento real, pero también quienes temen que abra la puerta a endeudamiento, pérdida de tierras y reconcentración en pocas manos.
La historia boliviana, marcada por conflictos agrarios, hace que cualquier cambio en esta materia sea altamente sensible.
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Por Equipo de redacción
