La sobrepoblación en las cárceles bolivianas no responde únicamente a un aumento del delito, sino a una práctica estructural: el uso extendido de la detención preventiva. En teoría, debería ser una medida excepcional; en la práctica, se ha convertido en regla. El resultado es claro: una mayoría de privados de libertad sin condena ejecutoriada.
Este fenómeno revela una desigualdad profunda en el acceso a la justicia. Quien tiene recursos puede pagar abogados, acelerar procesos o defenderse en libertad.
Quien no, queda atrapado en un sistema lento, burocrático y saturado. Así, la cárcel deja de ser el final de un proceso judicial para convertirse en su antesala indefinida.
Desde la mirada de la Sociología del Derecho, esto no es casual, según expertos.
El sistema penal tiende a concentrarse en delitos más visibles y perseguidos —muchos vinculados a sectores populares— mientras que otros, como los económicos o de corrupción, transitan procesos más largos y complejos. La consecuencia es una percepción cada vez más extendida: la ley no opera con la misma intensidad para todos.
El hacinamiento, además, agrava problemas estructurales: violencia interna, condiciones insalubres y ausencia de rehabilitación real. En ese contexto, la cárcel no corrige, sino que reproduce exclusión.
Portada: Interior cárcel de San Pedro – La Paz
Por Equipo de redacción
