El discurso del ministro refleja un giro en la narrativa económica del país. Durante más de una década, el modelo boliviano estuvo marcado por un fuerte protagonismo estatal, especialmente en el ciclo de bonanza entre 2006 y 2014 bajo el gobierno de Evo Morales, donde la inversión pública llegó a superar ampliamente a la privada y sostuvo el crecimiento económico. En ese esquema, el empresariado cumplió un rol más complementario, concentrado en sectores como comercio, servicios, construcción y agroindustria.
Sin embargo, el actual escenario es distinto. La reducción de ingresos por hidrocarburos, el déficit fiscal y las restricciones en divisas han limitado la capacidad del Estado para seguir siendo el principal motor. En ese contexto, el llamado al sector privado no solo es estratégico, sino necesario.
Aun así, la respuesta empresarial ha sido cauta. En el mismo encuentro, representantes del sector coincidieron en la importancia de mejorar el clima de inversión, la competitividad y la seguridad jurídica, pero sin asumir compromisos concretos de expansión. Más que un respaldo pleno, el mensaje es claro: hay disposición, pero bajo condiciones.
Históricamente, la inversión privada en Bolivia se ha mantenido en niveles moderados, con una fuerte inclinación hacia actividades de menor riesgo y retorno más rápido. Esto plantea dudas sobre su capacidad —y voluntad— de liderar procesos de transformación productiva, especialmente en sectores estratégicos que requieren grandes capitales y horizontes de largo plazo.
El desafío, entonces, no es solo atraer inversión, sino generar confianza. Sin reglas claras, estabilidad normativa y acceso a divisas, es poco probable que el empresariado incremente significativamente su participación. En ese escenario, existe el riesgo de que el sector privado se limite a aprovechar las condiciones generadas por el Estado para mejorar sus utilidades, sin asumir un rol protagónico en el desarrollo económico.
Por Equipo de redacción
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