Las aprehensiones recientes —cuatro personas con detención preventiva y dos con medidas sustitutivas— tras una audiencia cautelar en La Paz reflejan que el caso no es menor. La investigación, liderada por la FELCC, apunta a un posible esquema de sobreprecio y manipulación documental en la adquisición de un escáner instalado en el punto fronterizo de Tambo Quemado.
Pero más allá de los nombres y las medidas judiciales, lo relevante está en el patrón: la corrupción no desaparece, se disfraza. En documentos alterados, en procesos acelerados, en decisiones administrativas difíciles de justificar. Cada firma, cada informe técnico, cada transferencia deja una señal.
En este contexto, la situación de la ex presidenta de la Aduana, Karina Serrudo, se torna crítica. Su incomparecencia ante la citación fiscal derivó en una orden de aprehensión, sumándose a otro proceso en su contra. En términos jurídicos, esto no solo complica su defensa, sino que refuerza la percepción de riesgo procesal.
El caso también revela una estructura más amplia. Las aprehensiones en distintas ciudades, como Tarija y La Paz, y la existencia de más órdenes de captura sugieren que no se trata de una acción aislada, sino de una posible red dentro de la administración pública.
Por Equipo de redacción
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