El documento oficial muestra la adquisición de piezas como el procesador Intel Core i5-14400 con un precio referencial de Bs 4.252 por unidad, cuando su valor internacional ronda los $221 a $231 (aproximadamente Bs 2.300).
La diferencia —cercana a Bs 1.900 por unidad— generó cuestionamientos inmediatos. Sin embargo, el dato más sensible no está ahí.
En el mismo proceso, la memoria RAM DDR5 de 16GB aparece con un precio referencial de Bs 3.736, cuando en el mercado global se encuentra entre $50 y $80 (Bs 500 a 800). Es decir, una diferencia que puede multiplicar hasta por cinco el valor real.
Este patrón de precios elevados no puede explicarse únicamente por factores como impuestos, logística o márgenes comerciales habituales. Además, los ítems están desagregados —procesador, memoria— lo que descarta que se trate de equipos completos con servicios añadidos.
Aquí es donde entra el punto crítico: según la normativa boliviana de contrataciones públicas (NB-SABS), el precio referencial debe construirse con base en cotizaciones reales de mercado, análisis técnico y criterios verificables.
Por ello, la pregunta de fondo no es si el Estado pagará caro, sino:
¿qué fuentes y metodología utilizó Quipus para definir estos precios?
Si el precio referencial nace inflado, todo el proceso queda condicionado: las ofertas pueden parecer competitivas, pero dentro de un rango artificialmente alto.
Por Equipo de redacción
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