El caso tiene su origen en la nacionalización del sistema de pensiones en 2010, durante el gobierno de Evo Morales, cuando las administradoras privadas fueron desplazadas por el Estado.
Años después, en 2017, BBVA activó el arbitraje internacional alegando perjuicios derivados no tanto de la nacionalización en sí, sino de la forma en que se ejecutó la transición. En 2022, el tribunal del CIADI falló a favor del banco y fijó la indemnización en $us 105 millones.
Desde entonces, Bolivia intentó sin éxito revertir el laudo en tribunales internacionales. La reciente decisión en Países Bajos no introduce una nueva sanción, pero sí vuelve definitiva la obligación de pago. El procurador Huge León explicó que el proceso siguió su curso desde 2017 y que las acciones legales posteriores tenían bajas probabilidades de éxito. En la misma línea, el viceministro José Valencia calificó el resultado como una “herencia” de decisiones mal ejecutadas en gestiones pasadas.
Sin embargo, el impacto es presente. El Estado debe ahora definir cómo cubrir el pago: recurrir al Tesoro General de la Nación, reasignar partidas, endeudarse o negociar con el acreedor. Ninguna opción es neutra. Todas implican presión sobre un presupuesto ya tensionado y abren interrogantes sobre recortes, mayor deuda o ajustes silenciosos en el gasto público. A esto se suma un elemento clave: los intereses. Cada demora en el pago puede incrementar la factura final.
Más allá del cruce político, el caso deja una señal clara para el clima de inversión: las políticas públicas no solo se evalúan por su intención, sino por su ejecución. En arbitrajes internacionales, los errores procedimentales o las transiciones mal diseñadas pueden terminar costando millones al Estado.
Portada RRSS oficinas que correspondían a la AFP
Por Equipo de redacción
About Author
