Un registro oficial del Sistema de Contrataciones Estatales confirma la adquisición de 54 mochilas porta documentos por un total de Bs 49.680, con un precio unitario de Bs 920, en el marco de un “proyecto de acreditación institucional”.
Sin embargo, en paralelo, la Carrera de Derecho instruyó suspender clases para realizar una jornada de limpieza, solicitando a los estudiantes llevar escobas, trapos, baldes y otros insumos. Es decir, mientras se ejecuta gasto en artículos de representación, se descarga en la comunidad universitaria la provisión de condiciones mínimas.
La contradicción no es menor. La acreditación internacional —en este caso vinculada a la UDUALC— debería reflejar calidad académica, infraestructura adecuada y gestión eficiente. Pero cuando la institución prioriza gastos discutibles frente a necesidades básicas, lo que queda en evidencia no es excelencia, sino desorden en el uso de recursos.
Aunque la compra podría encuadrarse dentro de la normativa vigente (NB-SABS), el problema trasciende lo legal: se trata de criterio. En un contexto donde universidades públicas enfrentan limitaciones presupuestarias, cada decisión de gasto debería responder a impacto real, no a maquillaje institucional.
La pregunta ya no es si la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier logrará la acreditación, sino a qué costo y con qué coherencia. Porque si para mostrar orden se improvisa limpieza con estudiantes y se invierte en imagen antes que en lo esencial, la acreditación puede pasar… pero la credibilidad queda en duda.
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Por Equipo de redacción
