El reclamo no se limita a una crítica coyuntural. Cochamanidis planteó que la escalada de violencia en el departamento —marcada por casos de sicariato, ajustes de cuentas y crimen organizado— refleja un deterioro estructural de la seguridad en Bolivia, especialmente en su principal motor económico.
En ese marco, exigió al Gobierno nacional asumir acciones inmediatas y contundentes, cuestionando el rol de la Policía y la Fiscalía frente a hechos que, según su visión, ya no son aislados sino parte de una dinámica instalada.
Pero el punto más político llegó cuando el líder cívico demandó la ejecución de la orden de aprehensión contra Evo Morales. Para Cochamanidis, el crecimiento del narcotráfico y el crimen organizado no puede entenderse sin revisar decisiones del pasado reciente, colocando el foco en la gestión del exmandatario.
Este planteamiento reabre una de las tensiones más profundas del escenario nacional: la relación entre justicia, poder político y seguridad. Mientras el Gobierno suele atribuir la violencia a redes criminales específicas, sectores cívicos insisten en que existe responsabilidad política acumulada.
Además, el pedido de medidas más drásticas —que incluso en otros pronunciamientos ha rozado la posibilidad de mayor intervención estatal en seguridad— refleja un clima de creciente presión social en Santa Cruz, donde la percepción de descontrol comienza a impactar no solo en lo cotidiano, sino también en lo económico.
Por Equipo de redacción
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