Tras más de 20 días de caminata desde Beni y Pando, los pueblos indígenas ingresaron a la sede de Gobierno con una agenda clara: exigir la abrogación de la Ley 1720, normativa que permite convertir la pequeña propiedad agraria en garantía bancaria. Para los marchistas, esta disposición abre la puerta al endeudamiento forzado y eventual pérdida de territorios ancestrales frente a actores económicos con mayor poder.
Sin embargo, el foco también se trasladó a un hecho simbólico que terminó marcando la jornada. La activista Galindo fue retirada por los propios marchistas, quienes recordaron como una afrenta el acto de cortar un tipoy —vestimenta tradicional de las mujeres del oriente y la Amazonía—. La exigencia fue contundente: sin disculpas públicas, no hay espacio para su participación.
El episodio deja al descubierto una tensión de fondo. Mientras el colectivo Mujeres Creando impulsa un discurso crítico que cuestiona estructuras y símbolos, los pueblos indígenas reivindican esos mismos elementos como parte de su identidad, historia y soberanía cultural. No se trata solo de un desacuerdo puntual, sino de visiones distintas sobre el sentido de la lucha social.
En este contexto, la marcha también envió un mensaje político claro: su agenda no será subordinada ni reinterpretada por corrientes externas. Los líderes indígenas dieron un ultimátum al Gobierno para atender sus demandas y advirtieron que, de no existir respuesta, iniciarán medidas de presión sostenidas en La Paz.
El conflicto, por tanto, no solo interpela al poder político, sino también a los propios movimientos sociales, obligándolos a replantear sus formas de articulación en un escenario donde las coincidencias ya no son automáticas.
Por Equipo de redacción
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