Según explicó a CalleBolivia un ex servidor de la Aduana, en este tipo de cargos el procedimiento administrativo suele ocurrir después de una decisión política o interna ya tomada. Es decir, primero existe una recomendación o aval de confianza y posteriormente Talento Humano solicita la documentación necesaria para formalizar el nombramiento.
En la práctica, el proceso seguiría esta lógica: una autoridad o persona cercana propone un nombre, la instancia superior aprueba la designación y recién después se pide al postulante presentar requisitos como REJAP, declaraciones juradas y otros documentos administrativos para emitir el memorándum.
Esa explicación instala un debate incómodo para el Gobierno y la propia Aduana Nacional. El problema ya no se limita a si la funcionaria presentó documentos en regla, sino a quién asumió la responsabilidad política de colocarla en un puesto sensible vinculado al control aeroportuario y aduanero del principal aeropuerto internacional del país.
La Aduana sostuvo que Rojas Roca cumplía formalmente con los requisitos exigidos en Bolivia. Sin embargo, el caso dejó en evidencia las limitaciones del sistema de verificación estatal, ya que certificados nacionales como el REJAP no reflejan posibles antecedentes o procesos judiciales en el exterior.
El episodio también alimenta cuestionamientos sobre los mecanismos de selección en instituciones estratégicas, donde muchas designaciones dependen de confianza política, recomendaciones internas o vínculos de cercanía antes que de procesos exhaustivos de evaluación y verificación internacional.
La controversia golpea además la credibilidad institucional, porque la reacción oficial llegó únicamente después de la denuncia periodística y la presión pública. De no haberse difundido el caso, la funcionaria probablemente habría continuado en funciones al frente de una terminal considerada clave para la seguridad y el comercio exterior del país.
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Por Equipo de redacción
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