Durante la conferencia de prensa, Gálvez sostuvo que policías y militares actuaron “de manera profesional y pacífica”, descartando el uso de armas letales y señalando que la prioridad del Gobierno era evitar más pérdidas humanas frente a los bloqueos que paralizaban rutas estratégicas.
Por su parte, Espinoza afirmó que las medidas de presión afectaron el abastecimiento y golpearon la economía nacional, provocando incrementos de precios y perjuicios para transportistas, comerciantes y trabajadores independientes. El ministro advirtió además que los conflictos deterioraron avances económicos alcanzados por el Ejecutivo y denunció intentos de desestabilización política.
Con ese discurso, el Gobierno busca posicionar la idea de que los bloqueos dejaron de ser únicamente una protesta social para convertirse en una amenaza para la estabilidad y la seguridad de la población. La narrativa oficial intenta justificar las intervenciones estatales bajo criterios humanitarios y de preservación del orden.
Sin embargo, más allá de la confrontación y el desbloqueo de carreteras, el problema de fondo continúa pendiente. La incertidumbre económica, la falta de dólares, el encarecimiento de productos y el desgaste social mantienen la percepción de crisis en amplios sectores de la población.
En ese contexto, analistas consideran que el Ejecutivo todavía enfrenta dificultades para transmitir una hoja de ruta económica clara. Aunque el Gobierno ha reforzado su mensaje sobre control institucional y pacificación, persisten las dudas sobre las medidas concretas que permitan estabilizar la economía, recuperar confianza y proyectar una salida sostenible a la crisis.
Por Equipo de redacción
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