El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, afirmó que las protestas dejaron de ser simples demandas sociales y se convirtieron en acciones orientadas a desestabilizar al Gobierno mediante bloqueos, presión callejera y afectación al abastecimiento de alimentos y combustibles.
La declaración representa un hecho político relevante porque Santa Cruz, históricamente confrontada con gobiernos del MAS, ahora aparece defendiendo la permanencia de un presidente frente a intentos de ruptura institucional. El eje del discurso cívico no se centra en una defensa política de la gestión de Paz, sino en preservar el orden democrático y evitar una salida forzada del poder.
El uso de términos como “golpe” y “terrorismo” también busca reforzar la narrativa de que Bolivia enfrenta una amenaza a la institucionalidad, en un contexto marcado por intervenciones policiales y militares, crisis de abastecimiento y creciente tensión social.
Analistas consideran que esta postura podría abrir una nueva correlación política entre sectores empresariales, cívicos y parte del aparato estatal ante el temor de un mayor deterioro económico y un vacío de poder.
Además, el Comité anunció que la Asamblea de la Cruceñidad evaluará nuevas acciones “en defensa de la democracia y el estado de derecho”, enviando una señal de alineamiento con la estabilidad institucional del país.
Por Equipo de redacción
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