La crisis política y social en Bolivia suma un nuevo capítulo. La Asamblea de la Cruceñidad determinó este lunes declararse en “emergencia permanente”, convocar a una Gran Marcha Nacional para el jueves 21 de mayo y exigir medidas extraordinarias frente a los bloqueos y la escalada de tensión que golpea al país.
En medio de bloqueos, tensión política y creciente desgaste económico, resurgen cuestionamientos sobre la lentitud de las reformas estructurales prometidas por el presidente Rodrigo Paz Pereira. Sectores ciudadanos consideran que medidas como el cierre de empresas estatales deficitarias o una transformación profunda de la Aduana debieron ejecutarse al inicio de su gestión, cuando contaba con mayor respaldo político.
La Paz entre columnas de humo, detonaciones de petardos y calles convertidas en escenarios de confrontación. Mientras el Gobierno insiste en que las fuerzas del orden actúan sin armas de fuego y bajo protocolos de contención, los enfrentamientos en el centro paceño continúan sin tregua, reflejando una crisis que ya desbordó el discurso oficial.
La orden de aprehensión contra el dirigente de la COB, Mario Argollo, abre una nueva etapa en la crisis boliviana y eleva la tensión entre el Gobierno y los sectores movilizados. La decisión de la Fiscalía no solo judicializa el conflicto, sino que también podría generar reacciones opuestas: desde una radicalización de las protestas y bloqueos hasta un repliegue de sectores que busquen evitar mayores consecuencias penales
El Comité Cívico Pro Santa Cruz endureció este lunes su discurso frente a las movilizaciones y bloqueos que afectan al país y aseguró que existe un intento de “golpe” contra el presidente Rodrigo Paz. La dirigencia cívica habló incluso de “terrorismo” y “genocidio alimenticio”, marcando un respaldo a la continuidad democrática y al orden constitucional en medio de la crisis política y económica.
