La preocupación de Gonzalo Colque surge tras varias operaciones financieras realizadas en los últimos meses. Entre ellas, el préstamo de 550 millones de dólares con la CAF y la reciente emisión de bonos soberanos por 1.000 millones de dólares al 9,45% de interés, una de las tasas más elevadas asumidas por Bolivia en este tipo de financiamiento.
Para el analista, estas decisiones muestran que el Gobierno estaría utilizando nueva deuda para pagar obligaciones anteriores y sostener liquidez inmediata en un contexto marcado por la escasez de dólares y la presión sobre las finanzas públicas.
El punto más delicado de su análisis gira en torno a la Gestora Pública, entidad que administra los aportes jubilatorios de millones de trabajadores. Colque advierte que recientes modificaciones regulatorias aprobadas por la APS podrían facilitar operaciones para liberar bonos soberanos utilizados como garantía financiera y posteriormente reemplazar deuda en dólares por deuda en bolivianos a largo plazo.
Según sostiene, esto significaría trasladar parte del riesgo financiero estatal hacia el sistema previsional.
El análisis también menciona el fallo internacional que obliga a Bolivia a pagar más de 105 millones de dólares a BBVA por el proceso que sustituyó a las AFP privadas por la Gestora Pública. Aunque el Gobierno aseguró públicamente que el Estado asumirá esa obligación, Colque teme que futuras decisiones regulatorias terminen involucrando indirectamente recursos del fondo de pensiones.
“La preocupación central es que los ahorros de los trabajadores terminen siendo utilizados para sostener finanzas públicas cada vez más presionadas”, sostiene el analista.
Si bien varias de sus afirmaciones corresponden a interpretaciones y alertas sobre escenarios futuros, el debate ya comenzó a instalarse en torno a una pregunta clave: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en medio de la crisis fiscal sin afectar la confianza sobre los fondos de jubilación?
Por Equipo de redacción
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