En medio del estado de excepción y de una de las mayores crisis políticas de los últimos años, Oviedo evitó precisar si existe una operación inminente contra el expresidente Evo Morales. Sin embargo, tampoco descartó una eventual intervención en el Trópico de Cochabamba ni la ejecución de acciones judiciales pendientes.
La frase “se harán las operaciones necesarias en el momento debido” resonó más allá de lo estrictamente operativo. En el lenguaje político, la declaración busca transmitir que el Gobierno no renuncia a ejercer autoridad en territorios donde históricamente el Estado ha enfrentado dificultades para imponer su presencia.
El mensaje tiene además una dimensión simbólica. Durante semanas, sectores afines a Morales desafiaron al Gobierno mediante bloqueos y movilizaciones que terminaron provocando una escalada de tensión nacional. Frente a ese escenario, la administración de Paz intenta instalar la idea de que la declaratoria de estado de excepción no es únicamente una herramienta para desbloquear carreteras, sino también una señal de que el monopolio de la fuerza sigue en manos del Estado.
La estrategia comunicacional parece clara: evitar anuncios espectaculares, pero dejar establecido que ninguna persona, independientemente de su trayectoria política o influencia territorial, está por encima de la ley.
Por ello, más que anticipar una captura o un operativo específico, Oviedo envió una advertencia política de alto voltaje: el Estado no descarta actuar contra Evo Morales cuando considere que ha llegado el momento adecuado.La declaración del ministro no despeja las dudas sobre los próximos pasos del Gobierno, pero sí redefine el tono del conflicto. La cautela de semanas anteriores parece haber dado paso a una narrativa de autoridad, donde el mensaje central es que la ley terminará alcanzando a quienes el Ejecutivo considera responsables de la crisis que atraviesa Bolivia.
Portada gentileza Unitel
Por Equipo de redacción
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